sábado, 6 de marzo de 2010

Esquema Guerra de Independencia

Amadeo I visita la capilla de Prim

Abrazo de Vergara. Fin Iª Guerra carlista

Isabel II es proclamada reina

Enfretamiento liberales absolutistas en el Trienio

Cortes del Trienio Liberal

INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS

EL DESARROLLO DEL FERROCARRIL

CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL


REINADO DE FERNANDO VII, 1814 - 1833

RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII Y ANULACIÓN DE LA LABOR DE LAS CORTES DE CADIZ (1814).
Por el Tratado de Valençay, Napoleón reconocía a Fernando VII como rey de España y de las Indias. Su retorno a España en 1814 coincidió con la etapa de la restauración del antiguo régimen en casi toda Europa. El rey se propuso borrar de la sociedad española los principios constitucionales de 1812. En consecuencia, durante su reinado se originó una fuerte tensión entre los absolutistas y los liberales. Los primeros eran partidarios de restablecer en su integridad el antiguo régimen, los segundos pretendían implantar las reformas revolucionarias. Tras su regreso, Fernando VII entró en contacto con generales absolutistas, como Elío, y recibió el apoyo de una grupo de diputados absolutistas que le presentaron el llamado Manifiesto de los
Persas, donde se defendía la monarquía absoluta y se criticaba duramente la labor de las cortes gaditanas.

LA PRIMERA ETAPA ABSOLUTISTA, 1814 - 1820:
Restablecimiento de las viejas instituciones.
Fernando VII derogó la Constitución de 1812 y prácticamente toda la obra legislativa de las Cortes gaditanas por medio del Real Decreto de 4 de mayo de 1814. Restauró el antiguo régimen, restableciendo los señoríos, la Inquisición y todas las instituciones feudo señoriales. A la Iglesia se le devolvieron sus prerrogativas y bienes y se suspendieron los propósitos de desamortización del patrimonio del clero regular.

Dificultades económicas.
Después de seis años de guerra la economía atravesaba una situación difícil, que se iría agravando a pesar de los intentos de Martín de Garay de establecer una reforma de la Hacienda. Los problemas de la Hacienda se reflejaron en el fracaso de la política exterior, ya que el Estado endeudado no podía hacer frente a sus necesidades políticas y militares.
Papel marginal en el orden internacional.
Desde el Congreso de Viena, la situación de España en el ámbito internacional empezó a ser marginal. A pesar de su papel decisivo en la lucha contra Napoleón, las potencias europeas no podían tomar en serio a una nación empobrecida, endeudada y sin recursos militares.

La oposición y los pronunciamientos.
Desde la vuelta de Fernando VII, muchos militares que lucharon contra los franceses se opusieron a la restauración del antiguo régimen y adoptaron la organización de Sociedades Patrióticas o masonería. Sus
instrumentos básicos para cambiar el régimen eran la conspiración y el pronunciamiento. En estos pronunciamientos entre grupos civiles y fuerzas militares se implicaron sin éxito Espoz y Mina en Pamplona,
Porlier en A Coruña y Lacy en Barcelona. Pero, en 1820, el comandante Rafael de Riego, al frente de un ejército dispuesto para viajar a América a luchar contra los independentistas, logró propagarse a numerosas
ciudades y obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812.

EL TRIENIO CONSTITUCIONAL, 1820 - 1823:
En 1820 se inaugura una breve etapa de gobierno liberal que duró tres años, en los que se puso a prueba por primera vez el sistema de monarquía constitucional. El 9 de marzo de 1820 Fernando VII juró la Constitución de 1812 y se restablecieron los principios y la legislación de las Cortes de Cádiz. A pesar de su brevedad, de las discrepancias políticas internas y del recelo absolutista, fue una fase importante en la evolución social y política del país.

División de los liberales.
Las principales medidas tomadas por los liberales fueron: la supresión de los señoríos, la adopción del sistema fiscal aprobado en Cádiz, la eliminación de la Inquisición, la expulsión de los jesuitas y la confirmación de los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellas, la imprenta. Se decretó también la supresión de las órdenes monacales y la desamortización de los bienes de la Iglesia. Con la venta de las propiedades eclesiásticas, los liberales pretendían rebajar la Deuda Pública y ganarse la confianza de los gobiernos extranjeros y de los acreedores españoles.
La aplicación de las reformas provocó una escisión entre los liberales: de un lado, los hombres que participaron en la constitución gaditana de 1812, los doceañistas, y, de otro, los seguidores de Riego, los denominados exaltados.

Los doceañistas consideraban la monarquía una pieza fundamental en el proceso de adaptación de las reformas. Eran partidarios del sistema bicameral.
Por el contrario, los exaltados, daban prioridad a la soberanía nacional y el papel el papel del monarca debía limitarse a las funciones ejecutivas.
De estos postulados arrancaría la división del liberalismo español en moderados y progresistas.

La contrarrevolución y la intervención extranjera.
La oposición absolutista se manifestó en numerosas partidas armadas de voluntarios realistas apoyados por Fernando VII, que se organizaron en Navarra y Cataluña. Sin embargo, el fracaso de esta partidas realistas hizo que Fernando VII solicitara la defensa de las potencias europeas.
Por acuerdo del Congreso de Verona de 1822, un ejército francés, Cien mil hijos de San Luis, al mando de Luis XVIII, duque de Angulema, entró en España con el fin de restablecer en el trono a Fernando VII y poner fin al Trienio Liberal.

LA SEGUNDA ETAPA ABSOLUTISTA, 1823 - 1833:
Los diez últimos años del reinado de Fernando VII, sin dejar de tener signo absolutista, pueden considerarse como un período de transición hacia el nuevo régimen liberal, ya que se inician algunas reformas técnicas y se produce un acercamiento a círculos liberales más moderados.
Reformismo gubernamental y oposición de los realistas puros.
Recuperado su poder, Fernando VII desató una durísima represión sobre los liberales, tanto civiles como autoridades locales y militares. La nueva restauración absolutista fue solamente parcial, manteniéndose algunas reformas del Trienio. Se ordenó la devolución de las propiedades eclesiásticas desamortizadas y se restablecieron las instituciones religiosas, excepto la Inquisición, aunque algunos obispos crearon unas Juntas de Fe con parecidas funciones. En su lugar, apareció el cuerpo de policía y, como brazo armado, los Voluntarios Realistas, que sustituían a la Milicia Nacional.
En 1823 se creó en Consejo de Ministros, órgano de consulta del monarca, en quien descansaba el poder ejecutivo. Uno de los ministros más estables de los gabinetes fernandinos, López Ballesteros, reorganizó la Hacienda, creó el presupuesto anual del Estado y abordó el problema de la Deuda Pública.
La situación económica del país empeoró, en parte, cuando en 1824, en la batalla de Ayacucho, España perdió sus posesiones continentales americanas, muy importantes en el comercio exterior español. A partir de ese momento se iniciaron algunos pasos de reforma económica y administrativa. Se crearon el Banco de San Fernando, la Bolsa de Comercio, el Tribunal Mayor de Cuentas y la Junta de Fomento.

Los sectores ultrarrealistas estaban descontentos porque la restauración del absolutismo les parecía incompleta. Los realistas puros promovieron conspiraciones y levantamientos y se agruparon en torno a don Carlos, hermano de Fernando VII, a quien consideraban futuro rey, puesto que el monarca no tenía descendencia. También hubo intentonas liberales fracasadas lideradas por Espoz y Mina y Torrijos.

La cuestión sucesoria: Pragmática Sanción de 1830.
En 1830 Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, por la que se volvía a reconocer el derecho de las mujeres a heredar el trono. Desde ese momento don Carlos quedó excluido del trono y sus seguidores se
opusieron a la legitimidad regulada en la Pragmática Sanción. Los partidarios de don Carlos, aprovechando la grave enfermedad del rey, por medio del ministro Calomarde, obtuvieron en 1832 un nuevo documento en el que se derogaba la Pragmática Sanción. Pero, recuperado Fernando VII, confirmó los derechos sucesorios de su hija Isabel y nombró a Cea Bermúdez jefe de gobierno. Éste buscó apoyos del liberalismo y autorizó el retorno de los exiliados al tiempo que suprimió el presupuesto de los Voluntarios Realistas.

En 1833 murió Fernando VII y, su viuda Mª Cristina de Borbón, heredó en nombre de su hija, Isabel II, el trono español.
Don Carlos no aceptó esta decisión y se puso al frente de los últimos defensores del absolutismo, los carlistas, que llevaban unos meses preparando su levantamiento. Comenzó así una guerra civil que duraría hasta 1839, la Primera Guerra Carlista.

LA ÉPOCA DE ISABEL II

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1833 - 1840), INICIO DE LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL:
Moderados y progresistas.
Durante la regencia de María Cristina se sucedieron varios gobiernos liberales que tuvieron que hacer frente a la inestabilidad política creada por la guerra contra los carlistas y por la hostilidad entre los propios liberales, los moderados y los progresistas. Los moderados admitían la doctrina constitucional dentro del pacto entre la corona y la nación, su política era de orden y tenían miedo a las ideas radicales de la revolución; socialmente eran la expresión de las clases poseedoras y del conservadurismo. Los progresistas propugnaban las reformas más avanzadas, apoyados por las clases medias y un sector de la alta burguesía; defendían los principios de la Constitución de 1812, especialmente la soberanía nacional, y proponían la desamortización con objeto de obtener fondos para concluir la guerra con los carlistas.

Estatuto Real de 1834: transición del absolutismo al liberalismo.
La reina regente María Cristina, de la mano de los moderados y con Francisco Martínez de la Rosa como jefe de gobierno, promulgó un texto que apenas era una Constitución: el Estatuto Real de 1834. Se trataba de un documento de transición que intentaba conjugar los poderes absolutos de la Corona con algunos de los nuevos ideales liberales. No planteaba la soberanía nacional, ni mencionaba los derechos individuales, pero introducía un cierto sistema representativo. Las cámaras no podían elaborar leyes por iniciativa propia aunque sí tenían
el derecho de petición de propuestas al rey. Dividía las Cortes en dos estamentos: los Próceres y los Procuradores.

Sin embargo, esta fórmula de compromiso entre absolutismo y liberalismo no convenció ni a liberales ni a absolutistas. Los progresistas exigían mayores libertades políticas y continuamente reclamaban la Constitución de 1812. Durante 1835 la situación se radicalizó, hubo revueltas populares contra el clero, al que se acusaba de simpatizar con los carlistas, y reapareció la milicia nacional que respaldaba a los progresistas en su lucha por el poder. El ministerio de los moderados se mostró incapaz de controlar la situación revolucionaria, de manera que la reina regente cambió el gobierno.


El triunfo pleno del liberalismo:
Desamortización de Mendizábal.
En 1835, María Cristina puso el gobierno en manos del progresista Mendizábal. Fue bien acogido por la opinión pública pues tenía fama de experto en asuntos económicos. Su principal preocupación era el estado de la Hacienda y la terminación de la guerra carlista. Puso en marcha la desamortización eclesiástica, que fue precedida por la supresión de los conventos y de las congregaciones religiosas. Las propiedades de la Iglesia se adjudicaron al Estado que las vendió en pública subasta para pagar la Deuda Pública.

Para lograr el establecimiento del nuevo régimen liberal era condición necesaria ganar la guerra carlista, y para ello se necesitaban los recursos económicos que proporcionara la desamortización y el apoyo social de la burguesía al régimen liberal.

Pero el programa de Mendizábal no logró todos sus objetivos. El Vaticano y el sector eclesiástico estaban indignados con las medidas desamortizadoras y los campesinos protestaban porque los nuevos dueños de las tierras subían los arrendamientos. Por otro lado, la nueva ley electoral, que elevaba el número de votantes, creó un gran malestar entre los moderados.

En 1836 los sargentos del palacio de La Granja se amotinaron y obligaron a María Cristina a restablecer la Constitución de 1812.

Constitución de 1837.

Después del motín de los sargentos de La Granja, los progresistas formaron de nuevo gobierno, el ministerio de José María Calatrava, con Mendizábal en hacienda y Espartero. En esta etapa el sistema liberal se
consolidó con la promulgación de la Constitución de 1837. De naturaleza políticamente conciliadora, pretendía integrar a la familia liberal de moderados y progresistas en armonía con la Corona. La Constitución de 1837 recoge de la norma de 1812 la soberanía nacional, ciertos derechos y libertades, y la separación de poderes. Pero se diferencia de la constitución gaditana en la adopción del bicameralismo que desarrolla un sistema parlamentario mixto, con un Senado, elegido por designación, y un Congreso compuesto por elección
directa censitaria.
La obra legislativa de las Cortes concluyó el desmantelamiento del antiguo régimen, aunque su realización se prolongó a lo largo del siglo. Se suprimieron todos los aspectos gremiales, los derechos jurisdiccionales, todo tipo de vinculaciones, y el horizonte desamortizador se extendió al clero regular y secular, así como a los
señoríos y bienes comunales.

La Constitución de 1837 estuvo vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1845.

Primera Guerra Carlista, 1833 - 1840:
La oposición carlista al liberalismo.
Durante siete años, entre 1833 y 1840, tuvo lugar una guerra civil entre los carlistas, partidarios de don Carlos María Isidro, y los isabelinos defensores de la reina-niña Isabel II.
El motivo aparente fue una cuestión de legitimidad dinástica: don Carlos se consideraba legítimo heredero de Fernando VII y no reconoció a Isabel II como reina. Sin embargo, también es cierto que tras ese aspecto subyacía la defensa de un modelo socioeconómico foralista que peligraba con la instalación del Estado liberal.
En las filas del carlismo militó el campesinado, los artesanos opuestos a la desaparición de los gremios, parte de la nobleza de pequeños títulos, el clero regular y los curas rurales. Geográficamente, las zonas de mayor implantación del carlismo fueron las áreas rurales del País Vasco y Navarra, y las zonas montañosas de Aragón, Cataluña y Levante.

Los cristinos o isabelinos contaron con la nobleza terrateniente, la alta burguesía, las clases medias urbanas y la mayor parte de la oficialidad y del generalato.

Las fases de la guerra.
1 - En la primera, entre 1833 y 1835, los focos de la insurrección fueron el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y el Maestrazgo. El jefe de las tropas carlistas, Zumalacárregui, obtuvo resonantes éxitos, pero su muerte en el sitio de Bilbao cambió el rumbo de la guerra.
2 - En 1836 los carlistas no pudieron tomar la ciudad de Bilbao debido a la intervención victoriosa del general isabelino Espartero. Igualmente fracasaron las grandes expediciones carlistas del año 1837, como la
Expedición Real, dirigida personalmente por el pretendiente Carlos, que llegó hasta las cercanías de Madrid.
3 - Finalmente, en 1839, se llegó a un acuerdo de paz (Convenio de Vergara), entre Maroto y Espartero, que suponía el reconocimiento de grados militares a los miembros del ejército carlista que se enrolasen en el ejército isabelino. Don Carlos huyó a Francia, pero su causa aún fue defendida por algunos jefes carlistas, como Cabrera, que continuaron su lucha en las montañas de Levante hasta ser dispersados por el ejército gubernamental.
· Restricción de los fueros vascos (1839).

LA REGENCIA DE ESPARTERO, 1840 - 1843:
Enfrentamiento del general progresista Espartero con el gobierno moderado y exilio de María Cristina.
Al terminar la guerra carlista el general Espartero era el hombre más popular y de mayor prestigio militar. En 1840 los moderados tenían las riendas del poder y pretendieron aprobar una serie de leyes que atentaban contra la Constitución progresista de 1837, como la Ley de Ayuntamientos, que fue especialmente conflictiva.
Sin embargo, los progresistas, que contaban con el apoyo de Espartero, se opusieron al proyecto de los moderados. Cuando María Cristina firmó la Ley de Ayuntamientos de 1840, Espartero pidió a la Regente que anulara dicha ley, pero María Cristina rehusó hacerlo y abdicó a la Regencia, abandonando el país.

Triunfo de la oposición antiesparterista (1843).
Espartero asumió la regencia hasta 1843 en un ambiente de inestabilidad política. La concesión de ascensos y puestos de mando entre los militares de su camarilla produjo malestar en el ejército. Espartero reprimió con extrema dureza los pronunciamientos de los moderados, lo que le granjeó fama de déspota. Por otro lado, los progresistas más radicales le acusaron de no emprender ninguna reforma de importancia.
Fue el enfrentamiento con los industriales catalanes lo que deterioró más su prestigio. Artesanos y obreros se levantaron ante el rumor de que el Regente iba a firmar un acuerdo de libre cambio con Inglaterra. Espartero respondió ordenando el bombardeó de la población.
Un golpe de fuerza dirigido por el general Narváez derrotó a las tropas gubernamentales, puso a Isabel II en manos de los moderados y obligó a Espartero a refugiarse en Londres.

LA DÉCADA MODERADA, 1843 - 1854: Constitución de 1845.
Entre 1844 y 1854 el partido moderado se instaló en el poder, sostenido por el general Narváez. Durante diez años se acometieron reformas que limitaron el alcance de las efectuadas por los progresistas. El cambio
político fundamental se recoge en la nueva Constitución moderada de 1845, que suprime los aspectos más avanzados de la de 1837 y asume los principios del liberalismo censitario. Así, por ejemplo, desapareció la
soberanía nacional, para dar paso a la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. Se fortaleció la religión católica que se perfiló como oficial; se reforzó el papel del monarca, que además de ser fuente de soberanía poseía iniciativa legislativa y tenía capacidad para nombrar y separar libremente los ministros; Senado de nombramiento real y vitalicio; supresión de la Milicia Nacional y sufragio muy restringido. El gobierno de la década moderada, que contaba con el apoyo de la reina, conservó la fachada constitucional, aunque muy desvirtuada por el sufragio excesivamente selectivo y la práctica de elecciones manipuladas. Se introdujeron reformas centralizadoras que perduraron largo tiempo, entre ellas destacan las referentes al sistema de seguridad nacional, la administración del Estado, la hacienda y la instrucción pública. También se solucionó el conflicto pendiente con la Santa Sede desde la desamortización, devolviendo a la Iglesia católica el papel
central que siempre había tenido en la vida española.
Obra política: Guardia Civil, reforma de la administración, Concordato con la Santa Sede.
En 1844 se creó la Guardia Civil, con el duque de Ahumada al frente, para el mantenimiento del orden público. Era un cuerpo centralizado, de ámbito nacional, sus fines eran civiles pero su naturaleza y estructura eran militares.
Todas las ramas de la administración del Estado se centralizaron y racionalizaron, ampliando sus funciones y poderes. La ordenación territorial se configuró en sentido jerárquico y piramidal, desde los ayuntamientos a las diputaciones para culminar en el gobierno central.
La reforma hacendística fue obra de Alejandro Mon, que creó dos tipos de impuestos, directos e indirectos.
La reforma de la instrucción pública la realizó Pedro Pidal. Los centros de enseñanza se dividieron en oficiales o públicos y privados. Los centros públicos de enseñanza secundaria se denominaron desde entonces institutos.
También se solucionó el conflicto pendiente con la Santa Sede desde la desamortización. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado español quedaron reguladas por el Concordato con la Santa Sede de 1851. En él se estipulaba que el Estado se hacía cargo de los gastos del clero y culto, y devolvía a la Iglesia los bienes del clero regular aún no vendidos; se reconocía la religión católica como única de la nación española y se aseguraba la intervención eclesiástica en la enseñanza.



Revolución de 1854.
Los últimos gobiernos moderados fueron breves y se desintegraron acusados de arbitrariedad política y corrupción financiera. Ante la oposición, tanto de moderados como de progresistas, se cerraron las Cortes, se gobernó por decreto, e incluso se preparaba una constitución que reforzaba el papel de la Corona y eliminaba en la práctica el electorado y la función legislativa del Parlamento.
En 1854 el general O´Donnell preparó el pronunciamiento militar, conocido como la Vicalvarada que provocaba la caída del gobierno y el retorno de los progresistas al poder. Poco después, algunos políticos
moderados le apoyaron, como el joven Cánovas del Castillo que redactó el Manifiesto de Manzanares. El Manifiesto expresa un conjunto de aspiraciones que en líneas generales coincide con el programa del progresismo español en aquella época. Isabel, temerosa de perder el trono, llamó a Espartero a formar un nuevo gobierno.

EL BIENIO PROGRESISTA, 1854 - 1856: Gobierno de Espartero.
Como consecuencia de la revolución de 1854, en la que intervinieron conjuntamente los progresistas y un sector de los moderados, se formó un gobierno presidido por Espartero, con O´Donnell en el ministerio de
guerra. En esta época el panorama político se ensanchó como resultado de la ampliación de la libertad de asociación. Apareció el Partido Demócrata, que exigía una auténtica democratización del régimen, con
sufragio universal, laicismo y libertades democráticas plenas. Por otro lado, la Unión Liberal, sector renovado de los moderados, creado por el general O´Donnell, aspiraba a la reforma política compaginando libertad y orden público. Sus filas se fueron engrosando con moderados y progresistas, como el general Serrano y el joven Cánovas del Castillo. Se intentó elaborar una nueva constitución, dentro del ideario de la de 1837 que no entraría en vigor debido a la brevedad del mandato progresista, pero que creó recelo en la Santa Sede en relación con la política de tolerancia de otros cultos distintos al catolicismo. Por esta causa, junto con la reanudación de la desamortización eclesiástica, se rompieron las relaciones con el Vaticano.

Desamortización de Madoz, 1855.
Los progresistas realizaron una intensa labor legislativa para poner en marcha un programa económico, fiel a los principios del librecambismo de Adam Smith. Impulsaron una serie de leyes liberalizadoras para implantar reformas económicas, como la Ley de Desamortización de Madoz de 1855, que afectaba a todos los bienes de manos muertas. Las subastas y las ventas duplicaron el volumen de las realizadas por Mendizábal. Los más afectados fueron los municipios y sus vecinos que se vieron privados de la mayor parte de las tierras comunales. La Ley de Ferrocarriles de 1855 buscaba instalar un moderno tendido ferroviario ofreciendo incentivos a las compañías interesadas aunque fueran extranjeras. Para facilitar la financiación y las inversiones, se promulgó una moderna Ley de Sociedades Anónimas. El Banco de San Fernando pasó a llamarse Banco de España que, aunque privado, tenía función de prestar al Estado.

O´Donnell fuerza la dimisión de Espartero.
Aparecieron los primeros intentos de asociacionismo obrero que plantearon sus reivindicaciones en medio de un clima muy conflictivo, al coincidir con una epidemia de cólera y el alza de los precios a consecuencia de las malas cosechas. En 1855 se produjo la primera huelga general en Barcelona y los motines populares comenzaron a multiplicarse. El gobierno no fue capaz de mantener el orden público y O´Donnell exigió la dimisión de Espartero. Tomaba entonces el poder un nuevo partido, la Unión Liberal.





EL PERÍODO DE LA UNIÓN LIBERAL, 1856 - 1868:
Restablecimiento de la Constitución de 1845.
O´Donnell restableció la Constitución de 1845 con algunas modificaciones, impulsó el desarrollo de los ferrocarriles y de las obras públicas, continuó la obra desamortizadora de Madoz y negoció con la Santa Sede un convenio sobre los bienes eclesiásticos desamortizados.
Intervenciones militares en el extranjero.
España intervino en iniciativas coloniales promovidas por Francia y Gran Bretaña. Se realizaron una serie de expediciones coloniales a África debido a los continuos ataques de los marroquíes a Ceuta. Aunque las batallas fueron brillantes victorias, como la de Castillejos que convirtió a Prim en héroe, los beneficios de la paz fueron escasos.
Crisis económica y crisis política.
A partir de 1866 el moderantismo estaba acosado por tres graves problemas: la demanda social de participación política, la corrupción y el descrédito de la Corte de Isabel II y el malestar provocado por una
gravísima crisis económica y financiera. Fue una crisis de subsistencias que trajo escasez de cereales, alza de precios, hambre y enfermedades y fue una crisis que afectó también a la burguesía de los negocios.

La revolución de 1868.
Tras reprimir con fusilamientos la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil y las manifestaciones de descontento estudiantil por la expulsión de catedráticos demócratas (Castelar, Sanz del Río), se produjo la alianza de sectores progresistas y demócratas (Pacto de Ostende). El levantamiento se produjo en septiembre de 1868 en Cádiz, principal foco en el que coincidieron los líderes militares, al grito de ¡Viva España con honra! y triunfó sin apenas derramamiento de sangre, formándose juntas revolucionarias en muchos puntos del país. Jefes militares, como Prim, Serrano o Topete, se pusieron al frente de todo este movimiento insurreccional. El Ejército, leal a la reina, fue derrotado en Alcolea del Pinar, e Isabel II, que estaba veraneando en San Sebastián, se encontró sin apoyos y se exilió a Francia.

Prim, por su parte, recorre ciudades costeras consolidando la sublevación hasta lograr la adhesión de Barcelona el 3 de octubre.

EL SEXENIO RFEVOLUCIONARIO, 1868 - 1874

GOBIERNO PROVISIONAL DE SERRANO Y CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 1869.
En octubre de 1868, después del exilio revolucionario que obligó a la reina Isabel II a partir hacia el exilio, se formó un gobierno provisional. Estaba respaldado por los elementos revolucionarios más moderados, los progresistas y los unionistas. Lo presidía el general Serrano, pero fue Prim el hombre más popular. Se iniciaba de esa forma un sexenio de inestabilidad política durante el que se intentó completar la revolución liberal iniciada en 1808 y avanzar a la democracia.
Las primeras medidas del gobierno provisional se dirigieron a disolver las juntas revolucionarias y los Voluntarios de la Libertad, instituciones populares y democráticas que habían asumido la soberanía y defensa
de la nación durante la revolución de septiembre, pero que ahora estaban en abierta competencia con el gobierno. Para contrarrestar los efectos de la disolución, el gobierno promulgó unas medidas liberalizadoras que mostraron su respeto a los principios fundamentales de la democracia: ampliación de los límites de la libertad de expresión, reunión y asociación, y concesión del sufragio a todos los varones mayores de edad.
En las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1869 obtuvieron la mayoría absoluta la coalición monárquica gubernamental de unionistas, progresistas y demócratas. Había un nutrido grupo de republicanos, algunos carlistas e incluso otros isabelinos.

La Constitución de 1869 está considerada como una constitución inequívocamente democrática, en la que se volvía a proclamar la soberanía nacional, pero incluyendo esta vez el sufragio universal masculino. El régimen de libertades se amplió: asociación, reunión, expresión, correspondencia, residencia y, como novedad, la libertad de culto.
Se mantuvo la monarquía como forma de gobierno, pero se definieron y separaron los poderes de modo más claro que en constituciones anteriores: le correspondía al monarca el poder ejecutivo, que debía de ejercer a través de sus ministros, responsables ante las Cortes, pero se le concedía el poder de disolver las Cortes. En cuanto al poder legislativo, se establecía un sistema bicameral, con un Senado electivo como el Congreso.
Amadeo de Saboya mantuvo vigente esta constitución hasta febrero de 1873, fecha en que se proclamó la Primera República Española.

LA REGENCIA DE SERRANO, 1869 - 1870: DIFICULTADES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.
Había nueva constitución, pero España era una monarquía sin rey, por ello, se instauró una regencia presidida por el general Serrano, mientras que Juan Prim fue nombrado jefe de gobierno. Estaba descartada la vuelta de la familia borbónica; pese a ello, Cánovas del Castillo comenzó a formar un nuevo partido alfonsino para asegurar la defensa de los derechos del hijo de Isabel II.
Prim afrontó la tarea de buscar un nuevo monarca. Su candidato favorito era Amadeo, por pertenecer a la dinastía italiana de Saboya, una familia probadamente liberal. Pero el matiz anticlerical que envolvía a los Saboya le restó puntos en el parlamento español.
Había además otros candidatos. La candidatura más problemática fue la de Leopoldo de Hohenzollern, que despertó la repulsa del emperador francés, Napoleón III, y desembocó en la guerra francoprusiana de 1870. Prim consiguió evitar la implicación de España en esa guerra y logró que las Cortes españolas aceptaran en 1870 a Amadeo de Saboya, aunque por una mayoría no demasiado amplia.

Mientras buscaba rey, la Regencia elaboró un conjunto de leyes y decretos encaminados a desarrollar la constitución: la Ley Electoral, que confirmaba el sufragio universal masculino, Ley de Orden Público, Código Penal, etc., e impulsó reformas económicas. Figuerola, ministro de Hacienda, estableció una reducción progresiva de las tarifas aduaneras.

El gobierno tuvo que afrontar además otros problemas:

1 - La guerra colonial estallada en Cuba, conocida como guerra larga, que duró desde 1868 hasta 1878.
2 - La insurrección republicana federal.
3 - La tentativa de insurrección carlista en 1869, al atravesar la frontera española el pretendiente Carlos VII; fue sofocada por el gobierno.
4 - El descontento campesino y popular que ocasionó revueltas sociales y el crecimiento del asociacionismo obrero, promovido también por Fanelli, con el objetivo de extender la Asociación Internacional de
Trabajadores (AIT).

EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA, 1871 - 1873: UN INTENTO DE MONARQUÍA DEMOCRÁTICA.

Durante el reinado de Amadeo I se destacaron dos partidos escasamente articulados: el radical de Zorrilla, que integraba a los demócratas, y el constitucional de Sagasta, que incluía a progresistas y unionistas, que se sucedían en medio de una gran inestabilidad política.
El reinado de Amadeo fue efímero debido a diversos factores: el asesinato de su valedor, el general Prim, días antes de la llegada del rey a España; los problemas heredados del período anterior ( insurrección cubana y republicana) y la hostilidad de la nobleza y la burguesía española, que lo consideraban un advenedizo, miembro además de una familia real enemiga de la Iglesia. A todo ello se sumó un nueva levantamiento carlista en 1872.

El rey, desbordado por los problemas, profundamente decepcionado por la evolución política española y sintiéndose además rechazado por amplios sectores de la sociedad, abdicó en febrero de 1873, aunque la razón concreta fuera el enfrentamiento del gobierno, presidido en ese momento por Ruiz Zorrilla, y de parte del Ejército a cuenta del asunto del arma de artillería.

LA PRIMERA REPÚBLICA, 1873 - 1874:
La abdicación de Amadeo I llevó a los diputados y senadores, reunidos en Asamblea Nacional, a proclamar la República el 11 de febrero de 1873. La situación política española durante la República fue sumamente confusa e inestable. Las razones fueron diversas:

1 - La falta de apoyo popular y las divisiones ideológicas republicanas (entre federalistas y unitarios).
2 - La incapacidad de la República para resolver los conflictos que tuvo que afrontar: el recrudecimiento de las reivindicaciones sociales; el avance del carlismo (Tercera Guerra Carlista, 1872 - 1876); la guerra sostenida contra los rebeldes independentistas en Cuba 1868 - 1878); la rebelión cantonal (1873 - 1874), defendida por los sectores más intransigentes del federalismo.

La presidencia de la República fue desempeñada sucesivamente por:
Estanislao Figueras, elegido por la Asamblea Nacional presidente de una República unitaria, su débil gobierno fue desbordado por la presión de los partidarios del federalismo.
Posteriormente, fue elegido Francisco Pi y Margall, que centró su actividad en la elaboración de una constitución federal, pero no llegó a ser aprobada porque los elementos más intransigentes del federalismo se levantaron en la insurrección cantonal.
Nicolás Salmerón presidió el nuevo gobierno que buscó apoyo en los conservadores. Para solucionar los conflictos bélicos recurrió al Ejército y adoptó medidas represoras.
Emilio Castelar continuó la política de reacción del anterior. Con ayuda de militares de prestigio, restableció la ley e y el orden, sofocó la revuelta cantonal pero hizo depender demasiado la República del Ejército. Su política conservadora retiró la confianza de la izquierda republicana y en 1874 un golpe de Estado encabezado por el general Pavía derribó por la fuerza la República federal.

El golpe de Estado de Pavía dio paso al gobierno autoritario del general Serrano. Pero en diciembre de 1874 el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto y acabó con la República al proclamar rey de España a Alfonso XII, hijo de Isabel II.
EL REINADO DE CARLOS IV (1788-1808)

1. El comienzo del reinado
a) Buena acogida por parte del pueblo
b) Convocatoria de Cortes:
Ä Juramento de fidelidad al heredero
Ä Derogación de la Ley Sálica:
9 Implantada por Felipe V
9 Prohibía el acceso al trono a las mujeres
9 El rey debía haber nacido en España
Ä Restablecimiento de la Ley de Sucesión de las Partidas de Alfonso X el Sabio
c) Motines de subsistencia

2. El impacto de la Revolución Francesa
a) Desarrollo de la Revolución Francesa:
Ä Asamblea Nacional (16 junio)
Ä A. Constituyente (9 julio)
Ä Constitución (1791)
Ä Encarcelamiento de Luis XVI (agosto 1792)
Ä Convención: República (septiembre de 1792); ejecución del rey (enero de 1793)
Ä Golpe de Estado de Termidor y formación del Directorio (1794-95)
Ä Golpe de Estado de Brumario. Consulado (1799)
Ä Napoleón emperador (1804)
b) Paralización las reformas internas:
Ä Cierre de fronteras
Ä Cordón sanitario
Ä Censura de publicaciones
Ä Persecución de todo lo que huela a revolucionario
c) Condicionamiento de la política exterior:
Ä El dilema de la política exterior española: ni con Francia ni con Inglaterra
Ä La línea dura con la Revolución: Floridablanca
Ä Los intentos conciliadores de Aranda.
Ä Godoy: la ejecución del rey francés y la ruptura con Francia. La Guerra de la Convención (1793 –1795)
Ä La Paz de Basilea (1795) y el I Tratado de San Ildefonso (1796): la derrota naval ante Inglaterra frente al cabo de San Vicente (1797)
Ä La política exterior española como instrumento de la política de Napoleón:
9 2º Tratado de San Ildefonso (1800): invasión de Portugal (1801) – Paz de Amiens (1802)
9 Desastre de Trafalgar (1805)
9 El “bloqueo continental”: Tratado de Fontainebleau (1807)
d) Repercusiones de las guerras: los problemas económicos y hacendísticos.
Ä La mala coyuntura económica: crisis de subsistencia, epidemias e inflación
Ä Las continuas guerras provocan la interrupción del comercio marítimo con las colonias y la ruina de la Hacienda.
Ä Godoy recurre a la primera desamortización eclesiástica. Aun con la desamortización no se logra solucionar el problema del déficit público.
3. La crisis de la monarquía
a) La impopularidad de Godoy y los enfrentamientos dentro de la familia real
b) Formación de un partido cortesano contra Godoy, encabezado por el príncipe.
c) Proceso del Escorial contra Fernando VII
d) La invasión francesa bajo el pretexto de ocupar Portugal
e) Preparativos para que la familia real abandone España con destino a América Motín de Aranjuez: caída de Godoy y abdicación de Carlos IV
f) Las vergonzosas abdicaciones de Bayona: Napoleón se hace con la Corona española
g) El desprestigio de la institución monárquica